Por Juan Pablo Ojeda
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que durante 2026 se alcanzó un récord histórico en la presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses por parte de servidores públicos.
La titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, señaló que un millón 532 mil 699 servidores públicos presentaron su declaración patrimonial a través de la plataforma DeclaraNet.
De acuerdo con la funcionaria, esta cifra representa 97.7 por ciento de los servidores públicos a nivel nacional que cumplieron con esta obligación en tiempo y forma, mientras que poco más de 2 por ciento aún no ha presentado su declaración.
Buenrostro explicó que la declaración patrimonial es una herramienta de transparencia y supervisión interna que permite conocer los bienes, ingresos, inversiones e intereses de quienes desempeñan una función pública.
La información también permite a las autoridades revisar la congruencia entre los ingresos de los servidores públicos y la evolución de su patrimonio, con el objetivo de detectar posibles inconsistencias.
Como parte de las acciones preventivas, la Secretaría destacó que durante los dos años de la actual administración se han impartido 1.3 millones de capacitaciones obligatorias en materia de ética e integridad para personas servidoras públicas.
La dependencia informó además que 4 mil 193 servidores públicos han sido sancionados durante la actual administración, de los cuales 3 mil 528 corresponden a faltas no graves y 665 a faltas graves.
Entre las conductas sancionadas se encuentran pagos indebidos, sustracción de información, compras injustificadas, ocultamiento de bienes, falsificación de documentos, hostigamiento y acoso sexual, así como posibles incrementos patrimoniales.
Buenrostro también informó que la Secretaría ha presentado 517 denuncias contra servidores públicos ante la Fiscalía General de la República, de las cuales 53 personas fueron vinculadas a proceso. Además, 286 personas morales han sido sancionadas por irregularidades relacionadas con sus actividades y contratos con el gobierno.
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